El Pazo, situado en el Concello de Sada (Galicia), está íntimamente ligado a la figura de Dª Emilia Pardo Bazán y al franquismo. Las Torres de Meirás son un lugar vinculado a la escritora Emilia Pardo Bazán, quien lo ideó y construyó, donde recibió huéspedes, escribió parte de su obra, atesoró libros y donde se casó. Entre 1921 y 1936, Meirás fue centro de visitas reales, y de conspiraciones contra la República. De 1938 a 1975, ya como Pazo, fue sede estival de la jefatura del Estado, símbolo referencial de la dictadura franquista, centro de poder y al mismo tiempo expresión de la rapiña de su nuevo propietario. Entre 1975 y 2020, lugar de olvido y de reivindicación, pero también símbolo de las lagunas del ajuste de cuentas de la democracia española con el pasado reciente, escenario de movilizaciones de la sociedad civil por su recuperación, nuevo símbolo del despertar de la “memoria histórica”, y conquista del inmueble para el patrimonio general del Estado.
Meirás fue un referente literario hasta la muerte en 1921 de Emilia Pardo Bazán, gran escritora gallega en castellano, vinculada de modo especial a Galicia, precursora en algunos aspectos del feminismo y exponente de una cultura literaria transnacional. Posteriormente se convierte en uno de los referentes del poder de la Dictadura de Primo de Rivera con las visitas de Alfonso XIII y la relevancia del general José Cavalcanti, miembro del Directorio Militar, casado con Blanca Quiroga Pardo-Bazán, hija de la escritora. Entre 1931 y en 1936, fue un lugar frecuentado por unas élites representativas de un mundo ‘viejo’ que se resistía a la modernización democrática de la II República, y que en buena medida es representativo del declive del recinto hasta 1938.
En plena Guerra de España, el 3 de marzo de 1938, se constituyó la denominada “Junta Pro-Pazo del Caudillo”, integrada por el gobernador civil y varios alcaldes de la provincia. Su objetivo era adquirir el inmueble para donarlo al dictador Francisco Franco para que efectuase sus estancias veraniegas en su tierra. Mediante donativos forzosos se recaudaron los fondos necesarios para formalizar la compra el 3 de agosto de 1938 y acondicionar el inmueble. El 5 de diciembre de ese mismo año, la propiedad fue entregada al dictador. El proceso de acondicionamiento del pazo incluyó la ampliación de sus terrenos. Mediante técnicas represivas y coactivas se desposeyó a los legítimos propietarios de las fincas colindantes, de los derechos de explotación de estas y se efectuaron apropiaciones de recursos públicos y privados, desde estatuas románicas a pilas bautismales, tapices, etc.
El Pazo de Meirás se convirtió en una de las sedes oficiales de la dictadura franquista entre 1938 y 1975. Al ser utilizado por el dictador como residencia oficial de verano, adquirió una función política, de explicación de la naturaleza del franquismo y de la represión; una función simbólica, de representación, y tuvo un gran impacto en la vida local, incluida la articulación de redes locales y provinciales del poder franquista.
Tras la muerte del dictador y hasta 2020 el Pazo de Meirás estuvo marcado por la impunidad, el silencio y la reivindicación. Desde las últimas visitas de la viuda de Francisco Franco, Carmen Polo, a estancias y eventos de los familiares, Meirás se convirtió en símbolo de la indemnidad, pero también de la decadencia del Pazo. Proliferaron las propuestas de su reutilización como posible sede de la naciente Xunta de Galicia o de Diputación de La Coruña; se declaró Bien de Interés Cultural (BIC) en 2008 con la oposición de los herederos de Francisco Franco y se iniciaron las movilizaciones de la sociedad civil en pro de la devolución de Meirás a patrimonio del Estado.
La unanimidad de las instituciones gallegas y del movimiento memorialista gallego en defensa de la devolución del Pazo al Estado cobró fuerza cuando en julio de 2019 la Abogacía General del Estado presentó una demanda para que la familia Franco devolviera el Pazo de Meirás por «fraude» en la compra. La reclamación incluía un documento, hasta entonces desaparecido, en el que consta que el pazo fue comprado en 1938 por la Junta pro-Pazo a las herederas de Emilia Pardo Bazán, lo que demostraba que el contrato de compraventa formalizado en 1941 a favor de Francisco Franco, y que le sirvió para inscribir la propiedad a su nombre en el Registro de Betanzos, era «fraudulento». El 2 de septiembre de 2020, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de La Coruña sentenció que el Pazo era propiedad del Estado, declarando nula y sin efecto la «donación personal» del mismo a Franco y a su familia. Dos meses después se cumplió la sentencia, y desde el 10 de diciembre de 2020 dejó de ser propiedad de la familia Franco y pasó a ser patrimonio del Estado. Sentencia que fue corroborada por la Audiencia Provincial de La Coruña el 12 de febrero de 2021 y por el juzgado de primera instancia número 70 de Madrid que el 7 de noviembre de 2024 otorgó a la Administración General del Estado la totalidad de los bienes reclamados. La actuación de las instituciones ha supuesto un triunfo de los valores democráticos
Ley de Memoria Democrática
La Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática regula en su artículo 49 el Lugar de Memoria Democrática como “aquel espacio, inmueble, paraje o patrimonio cultural inmaterial o intangible en el que se han desarrollado hechos de singular relevancia por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva, vinculados a la memoria democrática, la lucha de la ciudadanía española por sus derechos y libertades, la memoria de las mujeres, así como con la represión y violencia sobre la población como consecuencia de la resistencia al golpe de Estado de julio de 1936, la Guerra, la Dictadura, el exilio y la lucha por la recuperación y profundización de los valores democráticos”.
Con la finalidad de que los lugares de memoria sirvan como espacios de recuerdo y contribuyan a promover una cultura de paz y convivencia, los artículos 50 y siguientes del texto legal citado, regulan el procedimiento a seguir para la declaración de Lugares de Memoria Democrática y crean el Inventario Estatal de Lugares de Memoria Democrática como instrumento de protección, difusión, interpretación y promoción ciudadana de la memoria. Los lugares de memoria democrática tienen una función conmemorativa, de homenaje, didáctica y reparadora.