Día y lugar: Viernes 4 de abril, Sevilla
El Tribunal de Orden Público
Popularmente conocido por su acrónimo de TOP, el Juzgado de Orden Público que instruyó, entre 1963 y 1977, las conductas consideradas por entonces como delitos políticos. El TOP, con sede en Madrid y compuesto por un presidente, dos magistrados, un fiscal y un secretario, fue creado por la Ley 154/63 de 2 de diciembre de 1963. Según establecía dicha ley, tenía competencia “privativa para conocer de los delitos cometidos en todo el territorio nacional, singularizados por la tendencia en mayor o menor gravedad a subvertir los principios básicos del Estado, perturbar el orden público o sembrar la zozobra en la conciencia nacional.”
Fue un órgano que se ocupó de reprimir, principalmente, los delitos contra la seguridad interior del Estado (delitos contra el jefe del Estado, las Cortes, la forma de Gobierno, la ley de prensa, asociaciones ilícitas, propagandas ilegales, manifestaciones no pacíficas, desórdenes públicos, sedición, tenencia de armas, etc) y que actuó como Tribunal de Urgencia en los “estados de excepción”.
La mayor parte de las personas juzgadas, opositores al régimen, fueron obreros y estudiantes, sin olvidar a los artistas, profesores, arquitectos, médicos y hasta un notario y un juez municipal. Una de las características de su enjuiciamiento fue el juzgar en rebeldía, sin la presencia del acusado, norma procesal fuertemente criticada por los juristas y que incluso originó tensos debates en su aprobación. Igualmente, se abusaba de la prisión provisional, que con alguna frecuencia volvía a aplicarse si encontrándose el condenado en rebeldía recurría en casación. Sustituyó al Tribunal Especial para la represión de la Masonería y el Comunismo de marzo de 1940 y a la Jurisdicción Militar, donde actuaba el Juzgado Especial Militar.
El TOP tramitó 22.660 expedientes y dictó 3.798 sentencias, de las cuales 959 fueron absolutorias. Por Real Decreto-Ley de 4 de enero de 1977 se acabaron las actuaciones del Tribunal de Orden Público. Al mismo tiempo de su desaparición fue creada la Audiencia Nacional, a la que se traspasaron las competencias sobre asuntos de terrorismo de dicho Tribunal.
Por el Tribunal de Orden Público pasaron los obreros sindicalistas de CCOO en el conocido como “proceso 1001”, como Marcelino Camacho. Nicolás Sartorius, Miguel Ángel Zamora Antón, Pedro Santiesteban, Eduardo Saborido, Francisco García Salve, Luis Fernández, Francisco Acosta, Juan Muñiz Zapico, Fernando Soto Martín, o Timoteo Buendía (el primer condenado del TOP).
Este viernes 4 de abril en Sevilla, el Estado español hace entrega de la declaración de reconocimiento y reparación a 24 personas condenadas por el TOP en Andalucía:
- Francisco Sánchez Legrán. En 1970 fue condenado a nueve meses de prisión por asociación ilícita.
- Antonio Benítez Berraquero. Fue condenado en 1971 a un año de prisión por asociación ilícita.
- Mari Paz Sánchez González. En 1971 fue condenada a dos años de prisión por asociación ilícita.
- Antonio Baglietto Gómez. En 1971 fue condenado a un año de prisión por asociación ilícita.
- Sebastián Gamero Flores. Fue condenado a un año de prisión por asociación ilícita.
- Antonio Calzado Hurtado. Condenado en 1973 a un año y seis meses de prisión por propaganda ilegal.
- José Florentino Moreno Avellaneda (“Tino”). En 1973 fue condenado a tres años de prisión por propaganda ilegal.
- Rafael Luque Ramírez. En 1973 fue condenado a dos años de prisión por asociación ilícita.
- José Menor García. En 1974 fue condenado a dos años de prisión por asociación ilícita.
- José Luis Márquez Ojeda. Fue condenado en 1974 a un año de prisión por propaganda ilegal.
- Pilar Aguilar Carrasco. Fue condenada en 1975 a un año de prisión por asociación ilícita.
- Antonio Florencio Zoido Naranjo. En 1975 fue condenado a dos años de prisión por asociación ilícita.
- Antonio Galván Rojas. Fue condenado a dos años de prisión por asociación ilícita y otros dos años por propaganda ilegal.
- Antonio Iglesias Rodríguez. Fue condenado a tres años de prisión por propaganda ilegal.
- Antonio Naranjo Torres. Condenado a dos años de prisión por propaganda ilegal.