El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López; la comisionada del Gobierno para la celebración de los 50 años de España en Libertad, Carmina Gustrán; la alcaldesa de Sada, Rebeca Mouriño, y la subdelegada del Gobierno en la provincia de A Coruña, María Rivas anunciaron esta mañana, en el Pazo de Meirás, su designación como Lugar de Memoria Democrática.
Carmina Gustrán celebró la incoación de este expediente, que visibiliza la vinculación del Pazo "con la represión franquista, el abuso de poder, la intolerancia y la violencia”. Por su parte, el secretario de Estado reivindicó el trabajo del Gobierno en aras de la reparación de la memoria y la dignidad de las víctimas de la dictadura en un enclave, “que se ha convertido en un lugar de victoria de la justicia y de los valores democráticos frente a la impunidad del franquismo”.
María Rivas profundizó en el orgullo que suponen para toda la sociedad sadense y coruñesa estos avances que impulsa el Gobierno en la justicia con los represaliados y represaliadas en Meirás. “Este pazo no solo es un bien patrimonial y cultural, sino un lugar de pedagogía social, donde la memoria se convierte en un derecho de la ciudadanía y en garantía de futuro”, destacó la subdelegada, recordando también el legado cultural de Emilia Pardo Bazán dentro de estos muros.
Historia del Pazo de Meirás
El 5 de diciembre 1938, tras la creación la denominada Junta Pro-Pazo del Caudillo, integrada por el gobernador civil y varios alcaldes de la provincia, que pretendía comprar y entregar la propiedad al jefe del Estado, Francisco Franco, se le hizo entrega de la finca al dictador. El Boletín Oficial del Estado indica que durante el proceso de acondicionamiento del pazo se ampliaron los terrenos “mediante técnicas represivas y coactivas”, que desposeyeron a los legítimos propietarios de las fincas colindantes. Además, se efectuaron “apropiaciones de recursos públicos y privados, desde estatuas románicas a pilas bautismales, tapices, etc”.
Al ser utilizado por el dictador como residencia oficial estival, adquirió una función política, de explicación de la naturaleza del franquismo y de la represión; una función simbólica, de representación, y tuvo un gran impacto en la vida local, incluida la articulación de redes locales y provinciales del poder franquista.
El 2 de septiembre de 2020, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, tras una demanda presentada por Abogacía del Estado, sentenció que el Pazo era propiedad del Estado, declarando nula y sin efecto la donación personal del mismo a Franco a su familia.
Dos meses después se cumplió la sentencia y, desde el 10 de diciembre de 2020, dejó de ser propiedad de la familia Franco y pasó a ser patrimonio del Estado. La sentencia fue corroborada por la Audiencia Provincial de A Coruña, el 12 de febrero de 2021, y por el Juzgado de Primera Instancia número 70 de Madrid, que, el 7 de noviembre de 2024, otorgó a la Administración General del Estado la totalidad de los bienes reclamados.