El 27 de febrero de 1981 fue una jornada memorable, expresión simbólica de la resistencia y voluntad democrática de la inmensa mayoría del pueblo español contra aquellos que planeaban volver a los tiempos de la dictadura o, al menos, paralizar el proceso de transformación que el pueblo español había iniciado tras la muerte del dictador Francisco Franco, ratificado con su voto masivo en favor de la Constitución democrática de 1978.
Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, e Isaura Leal Fernández, secretaria segunda del Congreso de los Diputados celebraron ayer, jueves 27, en el Congreso de los Diputados el acto de incoación del expediente para la declaración de Lugar de memoria democrática inmaterial, las Manifestaciones en favor de la democracia del 27 de febrero de 1981.
Este acto contó con la presencia de Rosa María Mateo, la reconocida periodista que fue la encargada de leer el manifiesto de condena al golpe de Estado en la manifestación celebrada en Madrid el 27 de febrero de 1981, cuya lectura ha repetido hoy en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de los Diputados.
El 27 de febrero de 1981 fue una jornada memorable, expresión simbólica de la resistencia y voluntad democrática de la inmensa mayoría del pueblo español contra aquellos que planeaban volver a los tiempos de la dictadura o, al menos, paralizar el proceso de transformación que el pueblo español había iniciado tras la muerte del dictador Francisco Franco, ratificado con su voto masivo en favor de la Constitución democrática de 1978.
Tras el fracaso del golpe de Estado del 23 de febrero, se convocaron manifestaciones en defensa de la democracia y la Constitución para el 27 de febrero de 1981. La práctica totalidad de las fuerzas políticas convocaron a los españoles a manifestarse en defensa de los valores democráticos, de la convivencia pacífica y de la Constitución con norma fundamental para organizar la vida política. A dicha convocatoria se le sumaron cientos de corporaciones municipales, asociaciones vecinales y sindicales, artistas, intelectuales y un sinfín de colectivos que no iban a permitir desandar lo conseguido desde 1975.
El alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván animó a asistir a la manifestación “con el fin de mostrar cuánto es su fervor patriótico y apasionamiento porque la capital de España sea ejemplo del libre ejercicio de los derechos cívicos, según las normas constitucionales y los principios democráticos que tanto esfuerzo ha costado llevar a la práctica”. La manifestación en Madrid fue convocada por la UCD, PSOE, Alianza Popular y el Partico Comunista y fue seguida, bajo el lema “Por la libertad, la democracia y la Constitución” por un millón y medio de personas. Los medios de comunicación dieron fe de la masiva afluencia en las manifestaciones convocadas en todos los rincones de España: en Barcelona doscientos cincuenta mil fueron los manifestantes; doscientos mil en Valencia; cien mil en Sevilla, Zaragoza y Oviedo, cincuenta mil, Alicante y Granada y Murcia o treinta mil en Valladolid, A Coruña y Málaga. En ciudades más pequeñas, como Almería, se concentraron diez mil personas, en Salamanca nueve mil o en Cáceres alrededor de ocho mil. En la práctica totalidad de las capitales de provincia, se celebraron manifestaciones más o menos multitudinarias. La reacción popular en repulsa por el intento de golpe de Estado se desarrolló de forma pacífica, masiva y reivindicativa.