El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha incoado el expediente para declarar el Puente Avenida de Irún, en Guipuzkoa, como Lugar de Memoria Democrática, por su relevancia histórica y por considerarse un referente material de la memoria de las víctimas de la Guerra y del exilio
El Puente Avenida tuvo un papel relevante en el caso del exilio a Francia, en los primeros meses del conflicto bélico, pues era una de las principales vías de conexión terrestre entre ambos países. Miles de refugiados utilizaron este camino para salir hacia Hendaya, en algunos casos, bajo las balas de las tropas sublevadas.
“El Gobierno de España ha recogido la solicitud del Ayuntamiento de Irún, del 14 de junio del año pasado, y ha decidido incoar el procedimiento de declaración del Puente Avenida como Lugar de Memoria Democrática, tal y como plantea la Ley de Memoria Democrática de octubre de 2022”, ha señalado el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, que ha participado hoy en un acto de homenaje a las víctimas en Irún.
El Puente fue el escenario en el que se desarrolló la primera de las cinco oleadas de refugiados que se produjeron desde España hacia el exterior durante la Guerra. Tan solo un mes después de comenzar la contienda, durante la ofensiva de las tropas sublevadas en Gipuzkoa, se produjo un primer éxodo de unas 15.000 personas, la mayoría mujeres y niños, que cruzaron la frontera hacia Hendaya durante los días previos a la ocupación de Irún.
“En el puente de la Avenida de Irún se desarrollaron hechos de singular relevancia por su significación histórica y simbólica, vinculados a la Memoria Democrática, especialmente referentes a la salida de miles de ciudadanos y ciudadanas al inicio de la guerra de España y durante la dictadura franquista: exilio, intercambio de prisioneros, etc; que hacen que este puente se convierta en un referente de Memoria para toda España”, ha agregado el secretario de Estado.
Ley de Memoria Democrática
La Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, establece en su preámbulo que conocer la trayectoria de nuestra democracia, desde sus orígenes a la actualidad, sus vicisitudes, los sacrificios de los hombres y las mujeres de España en la lucha por las libertades y la democracia es un deber ineludible que contribuirá a fortalecer nuestra sociedad en las virtudes cívicas y los valores constitucionales. En ese marco, la sociedad española tiene un deber de memoria con las personas que fueron perseguidas, encarceladas, torturadas e incluso perdieron su propia vida en defensa de la democracia y la libertad. En este sentido, es necesario hacer justicia con las víctimas de los asesinatos de Atocha del 24 de enero de 1977 y asegurar que su lucha y sacrificio por la libertad de España no queden en el olvido.